Preguntas frecuentes Veri*Factu

La «ley antifraude» es la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en la que se lleva a cabo la obligada transposición de una directiva europea que regula varios aspectos de la lucha contra el fraude, en concreto la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016.

Entre otras numerosas medidas, añade a la Ley General Tributaria (LGT), los artículos 29.2.j) y 201 bis que, resumidamente, prohíben y, en su caso, sancionan la fabricación, comercialización y tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que permitan alterar sin las debidas garantías los resultados de la contabilidad, facturación o gestión empresariales, debido a que podrían utilizarse para cometer fraude fiscal.

El artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria (LGT), obliga a los productores, comercializadores y usuarios de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas a que dichos sistemas informáticos garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Para ello, permite que se establezcan ciertas especificaciones técnicas a cumplir, así como su certificación y que usen formatos estándar de manera que sus registros sean legibles.

El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria, prevé dos tipos de sanciones, ambas graves:

1. A la producción y comercialización de sistemas informáticos que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 29.2.j) de la LGT y su normativa de desarrollo.

La cuantía estipulada es de 150.000 euros fijos por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas de este tipo de sistemas informáticos y por cada tipo distinto de estos que sea objeto de la infracción.

Por otro lado, cuando no se certifiquen dichos sistemas informáticos estando obligados a ello, se sancionará con 1.000 euros por sistema informático comercializado sin dicha certificación.

2. A la tenencia de sistemas informáticos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de la LGT, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados. El importe es de 50.000 euros por cada ejercicio.

La exigencia del cumplimiento de ciertos requisitos de seguridad y control a los sistemas informáticos de facturación (SIF) y la estandarización y remisión de la información producida por los mismos como medidas de fomento del cumplimiento voluntario y de lucha contra el fraude fiscal se han venido aplicando desde hace tiempo por muchas otras Administraciones tributarias, tanto de España (casos forales), como de otros países de la Unión Europea (Francia, Italia, Portugal, Alemania) y del resto del mundo.

Tras estudiar numerosos sistemas ya implantados y sus respectivos tipos de requisitos, se ha optado por un enfoque en línea con las recomendaciones más recientes al respecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, se ha intentado no condicionar la forma de implementarlos, lo cual permite mayor libertad y flexibilidad a la hora de llevarlos a la práctica, favoreciendo la competencia de soluciones, bien sean basadas en software, en hardware o mixtas. Así se reducen costes y se permite elegir el SIF que mejor se adapte a las circunstancias y necesidades de cada empresario o profesional, facilitando, en definitiva, su adopción.

Por último, cabe indicar que los requisitos finalmente exigidos son hoy en día de fácil implementación dado que la tecnología necesaria para ello está ya contrastada y es de uso muy extendido.

En primer lugar, con la utilización de sistemas informáticos de facturación adaptados al reglamento se evitará que se puedan llevar a cabo prácticas fraudulentas en ese proceso, tales como la omisión de facturas o la alteración de las facturas de venta una vez expedidas. Esto conllevará dos grandes consecuencias:

- Por un lado, incidirá directamente en una reducción del fraude cometido, lo que traerá consigo una mayor justicia fiscal que redundará en el bien de toda la ciudadanía.
- Por otro lado, impedirá o reducirá significativamente la competencia desleal de la que se aprovechan quienes defraudan frente a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

Adicionalmente, la adopción de este tipo de requisitos y formatos contribuirá a estandarizar y modernizar los sistemas informáticos empresariales, avanzando en la digitalización de los empresarios y profesionales. Como resultado de esto se consiguen dos efectos:
- Se facilitan y fomentan las relaciones entre los propios empresarios y profesionales, y de estos con sus representantes fiscales, al utilizar unos formatos de información de facturación comunes, favoreciendo su intercambio y reduciendo costes, cuestiones que tienen un impacto beneficioso en la actividad comercial.
- Se concreta y simplifica la comunicación de información a la Administración tributaria, facilitándose el cumplimiento tributario.

Asimismo, este reglamento pretende ofrecer a quienes reciban facturas (incluyendo facturas simplificadas, es decir, tiques) una forma fácil e inmediata de remitir ciertos datos de las mismas a la Agencia Tributaria, para su posible comprobación. Esto contribuye a una mayor transparencia en los negocios, así como a desarrollar la conciencia fiscal y la cultura del cumplimiento tributario.

Esto varía según el colectivo afectado de que se trate:

1. Los empresarios y profesionales que expidan facturas a los que les afecte el reglamento deberán tener operativos sus sistemas informáticos de facturación (SIF) adaptados a las características y requisitos que se establecen en él y en su normativa de desarrollo antes del 1 de julio de 2025.

2. Los productores y comercializadores de aquellos SIF a los que les sea de aplicación el reglamento, en relación con sus actividades de producción y comercialización de dichos SIF, deberán ofrecer sus productos adaptados totalmente al reglamento en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial que desarrolle las especificaciones técnicas de los requisitos impuestos a los SIF. No obstante, en relación con SIF incluidos en los contratos de mantenimiento de carácter plurianual contratados antes de este último plazo, deberán estar adaptados al contenido del reglamento con anterioridad al 1 de julio de 2025.

La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, también conocida como 'Ley crea y crece', procede en su artículo 12 a extender la obligación de expedir, remitir y recibir factura electrónica a todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos en territorio español (Operaciones B2B interiores, sin excluir País Vasco y Navarra), así como de informar de determinados estados de la factura, especialmente referidos al pago. Con esta medida, además de reducir los costes de transacción, se obtendrá información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

De acuerdo con el Proyecto de Real Decreto de desarrollo, las soluciones tecnológicas de facturación electrónica deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas, y deberán remitir una copia fiel de la factura a la solución pública de facturación electrónica. Esta solución pública podrá ser utilizada también por los empresarios o profesionales que lo deseen, de forma gratuita, para emitir y recibir su facturación electrónica. Cabe señalar que solo es obligatorio expedir factura electrónica en el caso de facturas completas (no simplificadas), y solo en aquellos casos en los que es obligatorio expedir factura (no en supuestos voluntarios).

Se observan por tanto múltiples diferencias con VERI*FACTU, siendo las principales las siguientes:
- 'Factura electrónica' incluye en su ámbito objetivo a todos los empresarios o profesionales establecidos en territorio español, mientras que VERI*FACTU excluye a los radicados en los territorios forales.
- 'Factura electrónica' afecta a operaciones B2B interiores, mientras que VERI*FACTU se refiere a todas las operaciones, con algunas excepciones.
- 'Factura electrónica' incluye solo facturas completas, y VERI*FACTU incluye tanto completas como simplificadas.
- VERIFACTU impone requisitos técnicos a los sistemas informáticos de facturación, y la obligatoriedad de conservar los registros o de remitirlos a la Agencia Tributaria. 'Factura electrónica' impone la emisión, transmisión y recepción electrónica de las facturas entre empresarios, la interconexión entre las soluciones de facturación, y la remisión, en todo caso, de una copia fiel de todas las facturas a la Solución Pública de Facturación.
- VERI*FACTU es obligatorio exclusivamente para los empresarios o profesionales que utilizan un sistema informático de facturación, no afectando a la forma de facturar de aquellos que usan otros métodos de facturación, manuales o en papel. En cambio, 'Factura electrónica' obligará al uso de factura electrónica en todas las operaciones B2B, obligando por tanto a todos los empresarios o profesionales con independencia del método de facturación que vinieran utilizando anteriormente.
- Además de todo lo anterior, 'Factura electrónica' impone también obligaciones de información sobre los estados de la factura relativos al pago, para atender a su finalidad de luchas contra la morosidad comercial. Los objetivos de VERI*FACTU, en cambio, son exclusivamente tributarios.

Hay que añadir que el proyecto de Factura electrónica aún está pendiente de desarrollo reglamentario, mientras que VERI*FACTU ya ha sido aprobado y resultará de aplicación con anterioridad.

La administración espera que las facturas sean comunicadas a través de Veri*Factu en el momento de su emisión, no siendo adecuado enviarlas todas de golpe al final del día.

Las entidades en régimen de atribución de rentas (EAR) están incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del Reglamento (artículo 3.1.d) RRSIF) por lo que SÍ pueden estar sometidas al mismo si cumplen las restantes condiciones.

Para que el RRSIF resulte de aplicación a los socios, herederos, comuneros o partícipes miembros de una EAR, deben cumplir por si mismos los requisitos y condiciones de aplicación del Reglamento, con independencia de la atribución de rendimientos que les correspondan como miembros de la EAR.

Sí. Además de las gratuitas que puedan ofrecerse en el mercado, la Agencia Tributaria ha elaborado una aplicación informática sencilla para pequeños empresarios o profesionales, disponible en la sede electrónica de la AEAT.

En líneas generales, el RRSIF solo resulta de aplicación a aquellos empresarios o profesionales que expiden facturas utilizando para ello un sistema informático (SIF), existiendo también una serie de requisitos y condiciones adicionales que cumplir.

Sí. Los profesionales y las empresas que deben utilizar sistemas informáticos de facturación (SIF) que cumplan con TicketBai se encuentran dentro del ámbito foral de competencias, por lo que, si están obligados a cumplir con TicketBai, no lo están a cumplir con el RRSIF.

Sí, siempre que cumpla también con el resto de condiciones de aplicación del Reglamento. Todas las referencias que el RRSIF hace al IVA deben entenderse efectuadas también al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

La aplicación del RRSIF incluirá también la parte de su actividad que desarrolle en territorio peninsular.

Sí, si lo realiza una persona jurídica o si el arrendamiento de inmuebles tiene la consideración de actividad económica a los efectos del IRPF y además cumple también con el resto de condiciones de aplicación del Reglamento.

En cambio, si los rendimientos obtenidos se consideran a efectos de IRPF un rendimiento del capital mobiliario, no deberá adaptarse porque no se estará desarrollando una actividad económica.

Cuándo el arrendamiento de bienes inmuebles se ejerce como actividad económica?

A efectos de determinar si el arrendamiento de bienes inmuebles constituye una actividad económica, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF), que establece lo siguiente:

'2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad.

b) Que para la ordenación de aquella se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.'

En el supuesto de que concurran ambas circunstancias podría considerarse que el arrendamiento de bienes inmuebles se ejerce como actividad económica.

El RRSIF NO es de aplicación a los contribuyentes que llevan sus libros registros de IVA por SII (bien sea por estar obligados o porque hayan decidido acogerse voluntariamente). Por lo tanto, por lo que se refiere a su propia facturación, no tienen que adaptar sus sistemas informáticos de facturación al RRSIF.

No. El RRSIF no se aplica a las operaciones incluidas en este régimen, ni a los recibos que se expiden al amparo del mismo.

Sin embargo, la respuesta sería sí, si utilizara un sistema informático de facturación para emitir otras facturas de obligada expedición, como, por ejemplo, cuando se efectúan entregas de inmuebles, y siempre que cumpla también con el resto de condiciones de aplicación del RRSIF.

Con carácter general, si solo realiza operaciones en recargo de equivalencia NO le serán de aplicación las obligaciones derivadas del RRSIF.

No obstante, deberá cumplir las obligaciones del reglamento que establece los requisitos de los sistemas informáticos de facturación en el caso de que expida facturas, siempre que cumpla también con el resto de condiciones indicadas. Según la normativa de facturación, en el régimen de recargo de equivalencia se deben expedir facturas por realizar determinadas operaciones:
- Cuando efectúe entregas de inmuebles sujetas y no exentas al IVA.
- Cuando tribute en IRPF en estimación directa.
- Cuando el cliente sea un empresario o profesional o una Administración Pública.
- Cuando el destinatario lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.
- Cuando se le exija para determinadas operaciones de comercio exterior.

No con carácter general, ya que los obligados a este régimen no están obligados a expedir factura.

No obstante, deberá cumplir las obligaciones del Reglamento en el caso de que expida facturas, siempre que cumpla también con el resto de condiciones.

En el Régimen Simplificado de IVA se deben expedir facturas por realizar determinadas operaciones:
- Cuando la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos,
- Cuando efectúe la venta de activos fijos,
- Cuando el cliente sea un empresario o profesional o una Administración Pública.
- Cuando el destinatario lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.
- Cuando se le exija para determinadas operaciones de comercio exterior.

Sí. El «reglamento VERI*FACTU», prevé la posibilidad de que se solicite la no aplicación del RRSIF o de algún aspecto del mismo cuando concurran determinadas circunstancias, que se entienden extraordinarias, relacionadas con la actividad económica o de índole técnica.

Si se dan dichas circunstancias y así lo desea, deberá presentar por registro (presencial o electrónico) una solicitud de no aplicación del RRSIF dirigida a la persona titular del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria (DIFT) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), indicando el alcance de la no aplicación solicitada - total (todo el RRSIF) o parcial (indicando qué aspecto/s se ven afectados)- y por cuánto tiempo, junto con la explicación de los motivos que la justificarían.

Una vez recibida y estudiada la solicitud, la persona titular del DIFT de la AEAT dictará la correspondiente resolución, que podrá ser favorable (puede que parcialmente) o desfavorable. En el primer supuesto, es posible que se condicione a que el solicitante realice ciertas adaptaciones, además de poder estar limitada en el tiempo.

Puede usted acceder al trámite a través del siguiente enlace: Inicio/Todas las gestiones/Beneficios Fiscales y Autorizaciones/Facturación y libros registros.

Sí. Puede delegar en un tercero o en el destinatario de la operación el cumplimiento material de las obligaciones del «reglamento VERI*FACTU» siempre que se den las condiciones establecidas en el artículo 5 del reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (ROF), a los efectos de la obligación de expedir de la factura, con facultades otorgadas para ello.

Las entidades públicas incluidas en el artículo 9.1. de la de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades no se encuentran incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del RRSIF (Articulo 3.1.) por lo que no les resulta de aplicación este Reglamento.

A título de ejemplo, se incluyen entre estas entidades el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales o los organismos autónomos estatales y sus equivalentes autonómicos y locales.

Las entidades sin fines lucrativos que utilicen un sistema informático de facturación (SIF), tanto las que se encuentran sometidas al título II de la Ley 49/2002, 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, como las que están sometidas al régimen especial del Impuesto sobre Sociedades, no estarán sometidas al RRSIF por las operaciones que generen rentas sujetas y exentas del Impuesto sobre Sociedades.

En cambio, sí que estarán sometidas por aquella parte de su actividad que se encuentre sujeta y no exenta del Impuesto sobre Sociedades, siempre que cumplan con las restantes condiciones de aplicación del Reglamento (art. 3.1.a) RRSIF)

Las entidades en régimen de atribución de rentas (EAR) están incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del Reglamento (artículo 3.1.d) RRSIF) por lo que SÍ pueden estar sometidas al mismo si cumplen las restantes condiciones.

Para que el RRSIF resulte de aplicación a los socios, herederos, comuneros o partícipes miembros de una EAR, deben cumplir por si mismos los requisitos y condiciones de aplicación del Reglamento, con independencia de la atribución de rendimientos que les correspondan como miembros de la EAR.

De acuerdo con el artículo 3.1.c) RRSIF, los contribuyentes no residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente (EP) sí están incluidos dentro del ámbito subjetivo de aplicación del Reglamento, por lo que sí les puede resultar de aplicación si cumplen todas las condiciones.

En cambio, a los no residentes sin establecimiento permanente que obtengan rentas en España NO les puede resultar de aplicación el Reglamento por no estar incluidos en su ámbito subjetivo.

De cara a la admnistración tributaria un ticket es equivalente a una factura simplificada y debe ser comunicado a la administración por Veri*Factu en el momento de su emisión.

Un sistema informático de facturación (SIF) es un conjunto de hardware y software utilizado para expedir facturas que sirve para:
- Admitir la entrada de información de facturación por cualquier método.
- Conservar la información de facturación
- Producir resultados derivados de esa información.

La mejor manera de saber si su sistema informático cumple con los requisitos para ser un SIF al que le resulta de aplicación el RRSIF es que lo consulte directamente con su proveedor de software, que está obligado a facilitar una declaración responsable sobre el cumplimiento de estos requisitos.

El proveedor de software debe, además, hacer constar por escrito y de forma visible en todas las versiones del SIF que este cumple con los requisitos del RRSIF.

Sí, siempre que los registros de facturación de cada empresario o profesional se encuentren diferenciados y se cumplan los demás requisitos del RRSIF por separado para cada uno de ellos.

Los SIF deberán cumplir con los requisitos de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.

Integridad e inalterabilidad: La integridad e inalterabilidad de los registros de facturación supone que, una vez generados y registrados, no puedan ser alterados sin que el sistema informático lo detecte y avise de ello.

Trazabilidad: La trazabilidad de los registros de facturación supone que deberán estar encadenados de manera que pueda verificarse su rastro siguiendo su secuencia de creación desde el primero al último. Todos los datos deben estar correctamente fechados, indicando el momento en el que se efectúa el registro.

Conservación, accesibilidad y legibilidad: El SIF debe garantizar que los registros se conservan durante el plazo legalmente previsto, y que son accesibles y legibles durante todo ese plazo. También debe permitir la descarga, volcado y archivo seguro de los registros de facturación, que deberán poder ser exportados a un almacenamiento externo en formato electrónico legible.

Registro de eventos: El sistema contará con un registro de eventos que recoja automáticamente, en el momento en que se produzcan, las interacciones y sucesos ocurridos en el sistema, guardando los datos correspondientes a esos usos.

Los SIF que funcionen en modalidad VERI*FACTU no necesitarán 'registro de eventos' y la conservación, legibilidad y accesibilidad a sus registros de facturación están garantizadas por su constancia en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Los SIF deben generar automáticamente un registro de facturación de alta de forma simultánea o inmediatamente anterior a la expedición de cada factura.

Contenido de los registros de facturación
a) NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura.
b) NIF (en caso de ser obligatorio) y nombre y apellidos, razón o denominación social completa de la persona o entidad destinataria de las operaciones.
c) Indicación de si la factura ha sido expedida por la propia persona o entidad que realiza las operaciones, por sus destinatarios o por terceros.
En su caso, NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del destinatario o tercero que utilice algún SIF
d) El número y, en su caso, serie de la factura.
e) La fecha de expedición de la factura y la fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan en ella, o se haya recibido el pago anticipado, en su caso.
f) Tipo de factura (completa o simplificada)
g) Si la factura es rectificativa, indicación de su tipo, características y, en su caso, identificación de las facturas rectificadas.
h) Si la factura sustituye una factura simplificada anterior, identificación de esta.
i) La descripción general de las operaciones.
j) El importe total de la factura.
k) Indicación del régimen o regímenes aplicados a las operaciones documentadas a efectos del IVA, o de otras operaciones con trascendencia tributaria.
l) Indicación de si el destinatario de la factura es el sujeto pasivo del IVA.
m) La base imponible de las operaciones, el tipo o tipos impositivos aplicados, la cuota del IVA, el tipo o tipos del recargo de equivalencia aplicados, y la cuota del recargo de equivalencia.
Se informará además si la operación documentada ha sido realizada por un contribuyente al que le sea de aplicación el régimen simplificado o el régimen de recargo de equivalencia del IVA.
Si la operación que se documenta está exenta IVA, el importe de la base imponible exenta e indicación de que está exenta o de la causa de exención.
n) Si la operación no se encuentra sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, el importe que corresponde a dicha operación y la causa de la no sujeción al impuesto.
ñ) Número y, en su caso, la serie, así como la fecha de expedición de la factura que consta en el registro de facturación, de alta o de anulación, inmediatamente anterior, junto con parte de la huella o «hash» de dicho registro anterior.
o) El código de identificación del sistema informático utilizado y otros datos adicionales.
p) Fecha, hora, minuto y segundo en que se genere el registro de facturación de alta.
q) Características adicionales que permitan conocer las circunstancias de generación del registro de facturación de alta.

Si es necesario corregir o anular un dato previamente registrado, deberá realizarse mediante al menos un registro de facturación adicional posterior, de forma que se conserve el dato original.
Este registro incluirá la siguiente información:
a) NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a generar el registro de facturación de anulación.
b) Indicación de si el registro de facturación de anulación ha sido generado por la propia persona o entidad que realiza las operaciones, por sus destinatarios o por terceros.
En su caso, NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del destinatario o tercero que utilice algún SIF.
c) El número y, en su caso, serie de la factura correspondiente al registro de facturación de alta que se anule.
d) La fecha de expedición de la factura correspondiente al registro de facturación de alta que se anule.
e) Número y, en su caso, la serie, así como la fecha de expedición de la factura que consta en el registro de facturación, de alta o de anulación, inmediatamente anterior, junto con parte de la huella o «hash» de dicho registro anterior.
f) El código de identificación del sistema informático utilizado y otros datos adicionales.
g) Fecha, hora, minuto y segundo en que se genere el registro de facturación de anulación.
h) Características adicionales que permitan conocer las circunstancias de generación del registro de facturación de anulación.

Todos los registros de facturación, tanto de alta como de anulación, deberán incorporar una huella o hash, y en el caso de sistemas de emisión de facturas no verificables, deberán ser firmados electrónicamente.

Sí. El RRSIF sólo resulta aplicable a los sistemas informáticos de facturación que expidan facturas o facturas simplificadas, no a otros sistemas informáticos de apoyo que puedan ser utilizados. Estos sistemas de apoyo no podrán emitir facturas.

Las ventajas son diversas y se refieren tanto a la relación con sus clientes como con la Agencia Tributaria

- Sus clientes podrán verificar el contenido de sus facturas en la Agencia Tributaria escaneando el código QR de las mismas, verificando así que la misma ha sido correctamente declarada.
- Los destinatarios de las facturas podrán descargar la información de las mismas para integrarla en sus libros registros.
- La Agencia Tributaria no le hará requerimientos del contenido de sus facturas al disponer de los datos que han sido remitidos.
- La Agencia Tributaria dará la opción a los empresarios o profesionales que remitan sus registros de facturación de integrar los registros en el libro registro de facturas expedidas y, del mismo modo, en los libros registros de ventas e ingresos y de ingresos.

Además, los SIF que funcionen en modalidad VERI*FACTU no necesitarán 'registro de eventos' y la conservación, legibilidad y accesibilidad a sus registros de facturación están garantizadas por su constancia en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Se entiende que un empresario o profesional opta por un sistema de emisión de facturas verificables desde el momento en que inicia sistemáticamente la remisión de los registros a la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La opción se prolongará hasta, al menos, la finalización del año natural en el que se haya producido de forma efectiva el primer envío de los registros de facturación.

Desde la entrada en vigor del RRSIF, todas las facturas expedidas por sujetos pasivos que utilicen un sistema informático de facturación (SIF), deberán incorporar un código QR que representará parte del contenido de la factura. En el caso de que la factura sea electrónica, podrá sustituirse por el contenido que representa ese código.

No obstante, no todas las facturas podrán verificarse a través de la Sede Electrónica de la AEAT, sino solo aquellas que incorporen la frase 'Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT' o 'VERI*FACTU'. En estos casos, el empresario o profesional que ha expedido la factura estará remitiendo sus registros de facturación a la AEAT, y por eso el contenido de la factura podrá ser verificado.

El servicio de cotejo del QR se va a poder realizar desde cualquier dispositivo que disponga de una cámara y tenga acceso al reconocimiento del QR para obtener la URL y conexión a la web, pudiendo utilizarse para ello la app de la Agencia Tributaria.

Caben 3 posibilidades:
- Factura encontrada. En la Agencia Tributaria consta una factura con idénticas características a la remitida.
- Factura no encontrada. En la Agencia Tributaria no consta ninguna factura con las características remitidas.
- Factura no verificable. La factura ha sido generada por un sistema NO VERI*FACTU, por lo que el cotejo no es posible.

Puede deberse a que el empresario o profesional que expide la factura haya incluido indebidamente la frase 'Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT' o la expresión 'VERI*FACTU'. También es posible que el motivo de no haberse encontrado la factura se deba a un retraso en la remisión a la Agencia Tributaria por alguna incidencia técnica puntual. Verifíquelo de nuevo pasado un tiempo.

Sí. Los empresarios o profesionales que usen un SIF pero que no hayan optado por remitir los registros de facturación a la AEAT no pueden incluir la mención VERI*FACTU en la factura, y sus facturas no son verificables.

Por otro lado, los empresarios o profesionales pueden hacer constar otros códigos QR en sus facturas con otros fines informativos o de publicidad, que pueden no ser los códigos QR regulados en el RRSIF.

Sí. Es posible que la factura haya sido expedida por un empresario o profesional que no use un SIF, o que realice operaciones por las que no sea obligatorio expedir factura.

También es posible que la empresa expedidora esté incluida en el Suministro Inmediato de Información (SII) en cuyo caso la factura no es verificable, pero el empresario o profesional estará remitiendo todos sus registros a la Agencia Tributaria a través de esta vía de suministro, pero no deberá llevar código QR.

Además, las facturas emitidas electrónicamente de forma estructurada no llevarán QR visible, sino que la información contenida en este estará incorporada en la propia factura electrónica.